El cambio de hipoteca tendrá una comisión máxima del 0,5% y menos arancel

Cambiar de hipoteca será más fácil y, sobre todo, más barato. El Gobierno aprobó el viernes el proyecto de Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, destinada a fomentar la competencia entre entidades financieras a la hora de otorgar préstamos hipotecarios. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, presentó un proyecto que puede afectar a cerca de 500.000 millones de euros en créditos hipotecarios de las familias españolas.

La futura ley (pendiente de ratificación parlamentaria) reducirá sustancialmente las comisiones. En adelante, ante un cambio de hipoteca el banco recibirá en cualquier caso una compensación de desistimiento máxima del 0,5% del capital pendiente, por los costes de gestión ocasionados al tener que buscar otra que la sustituya.

Sólo en préstamos a tipo fijo o mixto, se permite pactar otra penalización por riesgo de tipo de interés, que actuará si el de referencia en el mercado es menor que el de la hipoteca cancelada. En caso contrario, o en tipos variables, no habrá penalización, pues el banco podrá encontrar otra hipoteca a tipo igual o superior. El vicepresidente del Gobierno explicó que, para una hipoteca media de 120.000 euros, el ahorro en comisiones respecto a la situación vigente (ver cuadro anejo) podría llegar a 3.000 euros.

Igualmente, se reducirán los otros gastos conexos a las cancelaciones anticipadas. A efectos de aranceles notariales, los cambios se considerarán documentos sin cuantía, con un coste de 30 euros -hasta ahora, son documentos de cuantía, con un coste proporcional y mínimo de 90 euros-. Los aranceles registrales tendrán una reducción del 90% en subrogaciones (cambio de entidad), novaciones (cambio de condiciones en la misma entidad) y cancelación anticipada -antes, 75%-, salvo en subrogación. Según Solbes, para una hipoteca media los aranceles pueden pasar de 351 euros a 67.

La reforma aparece en un entorno de subidas de tipos de interés, que está encareciendo las letras pagadas por las cerca de cinco millones de familias que tienen hipotecas en España. Solbes explicó que lo que se busca es un sistema más eficiente, y concedió que, en un entorno de encarecimiento del crédito, 'hay más demanda para cambiar de hipoteca'. Eso sí: aclaró que no observa una situación de riesgo mayor que hace unos meses.

El proyecto introduce exigencias de mayor transparencia en la actividad de las empresas tasadoras, elevando su independencia respecto a la entidad financiera. Así, se exigirá que elaboren un reglamento interno sobre conflictos de intereses e incompatibilidades, y se establecerá un régimen de participaciones significativas para garantizar la independencia.

El proyecto abre la puerta a una orden de transparencia, por la que se revisarán los actuales mecanismos de información, de modo que los tomadores de un nuevo préstamo hipotecario adopten su decisión en función de los riesgos reales. De este modo, según Economía, podrá comparar con más criterio y sin coste añadido los productos de diversas entidades.

También se regula el seguro de dependencia, que obligará al asegurador a cumplir la prestación convenida para atender las consecuencias en caso de que se produzca la situación prevista.